Texto: Edwin Rodríguez
El Estado ayuda a solventar los gastos de los partidos políticos en los procesos de elección a cargos públicos, así como para el funcionamiento permanente de sus órganos de dirección, ejecución y control. Especialmente, un porcentaje de esa ayuda debería en teoría, destinarse a la capacitación de sus dirigentes en los temas de interés nacional y en la defensa de los valores democráticos. Los gastos que justifican los partidos políticos para obtener la contribución estatal son aquellos dirigidos a sus actividades de organización, dirección, censo y propaganda.
No obstante, la propuesta del Ejecutivo, busca eliminar los fondos para el financiamiento público electoral, bajo el argumento de cumplir con incrementos en las pensiones de los jubilados.
Según las normativas vigentes, el subsidio a los colectivos políticos con registro oficial equivale al uno por ciento de los ingresos corrientes del gobierno en el año previo al sufragio.
Para el periodo 2009-2014 la cantidad se fijó en 33,7 millones de dólares, de ellos 13,4 millones destinados directamente al financiamiento de las campañas y el resto con entregas anuales a las diferentes organizaciones.
Por ende, El Estado, aunque no exclusivamente el Estado, debe contribuir con esos gastos para cumplir con dos principios fundamentales: libertad de participación e igualdad de condiciones.
Sin embargo, algunos sectores alegan con ingenuidad, ignorancia o interés que el Estado no debería ser el contribuyente de los partidos políticos y mucho menos el único, por razones de economía y de costos. En consecuencia, los grupos económicamente fuertes financiarían posiblemente, a los partidos para después, a la hora de tomar las decisiones gubernamentales, reclamar las cuotas de poder correspondientes a sus aportes. Cuando la aportación de esos sectores es desmedida y no se conoce quien la hace, esa contribución puede, por ende, convertirse en peligrosa. No obstante, conviene mantener la financiación privada dentro de diversas modalidades y límites afinadamente reglamentados.
En efecto, cuando el Estado, no financia a los partidos políticos se abre una posibilidad todavía más peligrosa: el dinero ilícito, proveniente del narcotráfico o de otras fuentes igualmente nocivas. El ejemplo colombiano, Panameño y de otras naciones advierten ese peligro; las denuncias contra aspirantes a la Presidencia y Alcaldía, en los comicios pasados, fundadas o infundadas, son motivo de preocupación y de reflexión. De ahí que la solución menos mala y en definitiva, menos peligrosa y más democrática, se orienta hacia la contribución mixta (estatal y privada), con algunas garantías de igualdad de oportunidades y de libertad de participación. Mantener la democracia tiene un precio; las contribuciones del Estado para los procesos electorales de carácter nacional e interno de los partidos políticos, resultan a largo plazo más convenientes que otras aparentemente menos costosas, pero de alto riesgo para la estabilidad y legitimidad democráticas.
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