CNO antigua Odebrecht, condenada a pagar más de 30 millones de dólares al Aeropuerto Internacional de Tocumen
Panamá, 23 de agosto de
2024. El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) ha logrado una
trascendental victoria legal contra la empresa constructora Norberto Odebrecht
S.A. (ahora CNO, S.A.), que ha sido condenada a pagar 29,100,000.00 dólares por
concepto de lucro cesante y 1,661,730.31 dólares por daños y perjuicios. En
total, el laudo arbitral dictamina un reconocimiento económico de 30,761,730.31
dólares a favor de AITSA.
Este fallo representa un hito en
la disputa que comenzó en septiembre de 2021, cuando AITSA decidió rescindir el
contrato N°038/12 con Odebrecht por incumplimientos graves en la ejecución del
programa de expansión de la Terminal 2. La obra, que debía ser entregada a
finales de 2017, sufrió múltiples retrasos debido a ocho adendas y persistentes
incumplimientos por parte del contratista, lo que forzó a AITSA, una empresa
100% estatal, a asumir gastos extraordinarios y a dejar de percibir ingresos
por los espacios ya contratados.
“La protección de los intereses
del Estado panameño y de su población fue nuestra prioridad. Tocumen cumplió
con su deber de poner en valor y en total funcionamiento una terminal que
presentaba atrasos sustanciales, incumplimientos reiterados y defectos de
construcción”, declaró AITSA en un comunicado oficial.
Según datos del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, se está a la espera de un informe técnico por parte
de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que evaluará la magnitud de los
hundimientos en la plataforma de estacionamiento de aeronaves en la nueva
Terminal 2. Estos problemas han afectado la operatividad de seis de las 20
puertas de embarque y desembarque de pasajeros. Las reparaciones necesarias
para esta área, crucial para las operaciones del principal terminal aéreo del
país, podrían superar los 15 millones de dólares, según estudios preliminares.
La Terminal 2 (T2) de Tocumen,
que fue adjudicada a Odebrecht en 2012 y cuya construcción comenzó en 2013 por
un monto inicial de 679 millones de dólares, terminó superando los 900 millones
de dólares en inversión oficial. Este fallo no solo reivindica a AITSA, sino
que también establece un precedente crucial en la defensa de los intereses
nacionales frente a incumplimientos de empresas internacionales.
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